Washington Times: EEUU Cuestiona al BID por problemas de Camisea

Fuente : Red Mundial de Cientificos Peruanos

Por Kelly Hearn
Lunes, 08 de noviembre de 2010 
En tiempos económicos difíciles, los países de América Latina y el Caribe han  acudido al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), soportado por los contribuyentes de los EE.UU., en busca de préstamos que ayuden a incrementar la  productividad nacional mientras que al mismo tiempo se proteja al medio ambiente  y a las personas vulnerables.
 
Ahora el prestamista con sede en Washington, que el año pasado sufrió una  pérdida de mil millones de dólares después de poner su dinero en valores  respaldados por hipotecas, quiere que el Congreso le ayude para pagar una  ampliación de capital histórica de 70 mil millones de dólares para financiar  proyectos como los programas de desarrollo en Haití y los proyectos mineros  ambientalmente inteligentes de la República Dominicana.
 
Sin embargo, funcionarios de EE.UU. han comenzado a cuestionar la razonabilidad  de los préstamos del BID en medio de críticas de que los banqueros están más  centrados en la obtención de nuevos negocios que en asegurarse que los ya  existentes trabajen según lo previsto.
 
Con el gobierno de los EE.UU. - el mayor accionista del banco - considerando la  posibilidad de aprobar el aumento, un examen del Washington Times de un proyecto  de gas natural apoyado por el BID en la Amazonía peruana confirma las críticas.  Revela que los funcionarios del banco en 2007 manipularon la investigación  técnica de un poliducto propenso a rupturas, produciendo un informe fraudulento  que despejó el camino para un polémico préstamo de 400 millones dólares a un 
proyecto de exportación de gas natural encabezado por una compañía petrolera de  Texas.
 
Labrada en la región del Bajo Urubamba del Perú, una extensa y prístina franja  de la selva amazónica, el Proyecto de Gas Natural de Camisea entró en  funcionamiento en 2004. Los funcionarios del BID han respaldado al consorcio  Camisea, un grupo de compañías que incluye a la tejana Hunt Oil, con un préstamo  de US$ 73 millones, alabando el proyecto como un ejemplo de las mejores  prácticas de cómo sacar quirúrgicamente los hidrocarburos de una selva tropical  y llenar así las arcas del desarrollo.
 
Con motosierras y bulldozers transportados a lo profundo de la selva a lo largo  de ríos fangosos, las cuadrillas construyeron una estación de procesamiento y  dos ductos que se extienden por sobre los Andes, uno que conduce a la ciudad  costera de Pisco y el otra hacia el norte para alimentar a Lima. Pronto, el  gobierno peruano estaba haciendo un contrato de exportación de gas natural -  extraoficialmente conocido como Camisea II - con Hunt Oil. Para construir una  planta de procesamiento de 3.9 mil millones dólares en la costa, Hunt acudió de 
nuevo al BID por un préstamo de US $ 400 millones.
 
Pero los problemas surgieron. Cuatro meses después de entrar en línea, el  principal ducto de Camisea que alimentaría las futuras plantas de procesamiento  de Hunt Oil se rompió, vertiendo contaminantes a los ríos y arroyos. Ocho meses  más tarde, pasó otra vez, luego otra vez 18 días después. Para marzo de 2006, el  poliducto en la selva tropical había producido cinco rupturas con fuga de gas,  enviando a tres víctimas de quemaduras al hospital y creando una nube negra  sobre las perspectivas de Camisea II.
 
Otras complicaciones surgieron. En febrero de 2006, mientras los críticos  presionaban al BID para explicar los problemas de las tuberías de Camisea antes  de financiar el proyecto de exportación de Hunt, una firma de ingeniería sin  fines de lucro con sede en California, E-Tech International, presentó a los  funcionarios del banco una bomba.
 
Bill Powers, ingeniero y presidente de E-Tech, dió a conocer un informe 
detallado alegando que la empresa que construyó el poliducto defectuoso había  cortado camino para evitar unos US$ 90 millones en costos. Dijo que la compañía  - conocida por sus siglas en español como TgP - violó el acuerdo de préstamos  del banco mediante el uso de tuberías que se había deteriorado debido a un  almacenamiento inadecuado antes de su uso en el proyecto.
 
El sr. Powers - que basó su informe en gran medida en testimonios, documentos y  fotos proporcionadas por un inspector de soldadura peruano que trabajó en la  grieta - también afirmó que TgP utilizó soldadores no calificados y de que había  cambiado la ruta del gasoducto sin la aprobación del banco.
 
Semanas más tarde, de acuerdo con e-mails internos del BID e-mails, las
alegaciones del Sr. Powers fueron apoyadas por el ingeniero peruano Alfredo  Arana, quien ofreció proporcionar fotos y documentación que sustentasen las  denuncias de ambos hombres.
 
Entrevistas con ex empleados y empleados del banco, así como docenas de páginas  de documentos internos del banco obtenido por The Times, pintan un cuadro de  funcionarios del banco revolviéndose para lidiar con el informe de E-Tech y  despejar así el camino para Camisea II.
 
La Oficina de Integridad Institucional del banco (OII) contrató a RW Beck, Inc.,  una firma de ingeniería con sede en Denver, para investigar las denuncias del  Sr. Powers. El 16 de agosto de 2006, la compañía entregó un borrador del  informe. El entonces jefe de la OII, Stephen Zimmerman, ordenó al investigador  contratado a revisar el informe para determinar si éste estaba dirigido a los  problemas del banco. En un memo del 29 de septiembre, la investigadora, abogado  María Contreras, dijo al Sr. Zimmerman "que Beck no parecía dar a las cuestiones planteadas por la OII ninguna gran importancia. "
 
La Sra. Contreras escribió que Beck no había mirado en la calificación de los  soldadores, en si las tuberías permanecían nuevas al momento de la instalación o  si la ruta del gasoducto fue modificada para recortar costos. Lo que es más,  ella escribió, los expertos apropiados no había ni siquiera ido al campo para  inspeccionar la tubería con fugas.
 
El informe del poliducto todavía plantea varias inquietudes que se hicieron eco  de las de E-Tech. Acerca de los soldadores, por ejemplo, se observó que el mismo  inspector de soldadura emitió certificados en dos lugares diferentes el mismo día. Acerca de los cambios en la supuesta ruta del gasoducto, la Sra. Contreras  señaló que el informe de Beck "rechaza los alegatos bastante sumariamente. "
 
Meses más tarde, con la decisión de Camisea II acercándose y la integridad de la  tubería todavía en duda, Los consultores de Beck que trabajaban desde Lima que se encuentraron atrapados en un problema: TgP falló reiteradamente en presentar  todos sus registros de la soldadura. Y los documentos que sí presentó mostraron  que incluso aún más soldadores de los que se había pensado carecían de cualificaciones.
 
Al abordar la cuestión en el e-mail a un miembro del personal del BID, la Sra.  Contreras afirmó: "La importancia de todo esto va más allá de la cualificación  del soldador y va más hacia la fiabilidad de la información que se produce ...  pone todos los datos producidos por ellos en una nube de incertidumbre. "
 
Hunt Oil no ofreció comentarios sobre este informe. Un portavoz de RW Beck  difirió las preguntas a los administradores en el BID.
 
En abril de 2007, el Sr. Zimmerman envió a la Sra. Contreras a Lima con el  empleado de la OII José Casasola y les dio tanto sólo una semana para informar.  Lo que es más, no les dio ninguna instrucción específica. "Estaba claro en ese  punto que el banco no estaba interesado en una investigación real", dijo el  empleado del banco. "Sólo quería los grandes números de Camisea II."
 
Cuando la Sra. Contreras regresó el 27 de abril, abandonó voluntariamente el  banco al finalizar su contrato.
 
"Esto dejó Zimmerman y Casasola en un aprieto", dijo Beatrice Edwards, una  investigador del Proyecto de Responsabilidad Gubernamental, un grupo con sede en  Washington que protege a los informantes del gobierno, que dijo que había  entrevistado a personal del banco acerca de la investigación. "Se armó un  informe desestimando la E-Tech aún dejando las preguntas y acusaciones sin  respuestas."
 
El 2 de mayo de 2007, en una reunión entre el Sr. Zimmerman, el Sr. Casasola y  El Comité  Supervisor de Fraude y Corrupción del BID, se determinó que no había  "pruebas suficientes para justificar una investigación ulterior" de las  acusaciones de E-Tech, de acuerdo a las actas de la reunión. Los funcionarios  también determinó que el informe de Beck, "a la luz de las objeciones expresadas  por TgP," no sería puesto a disposición del público.
 
Siete meses más tarde, después de desestimar el informe de E-Tech y dando un  sello de aprobación al poliducto con fugas, el BID aprobó el préstamo de US$ 400  millones para Camisea II.
 

"La OII recibió e investigó las denuncias de fraude y corrupción en relación con  el proyecto Camisea", dijo un portavoz del BID en un e-mail. "Los resultados de  esa investigación se comunicaron a los reclamantes, por escrito, en mayo de  2007."
 
"¿Qué pasaría si los investigadores de la OII hubieran escarbado lo suficiente  para confirmar que TgP había de hecho utilizado tubería sobrante de otros  proyectos en los ductos de Camisea, y que de hecho estas tuberías sobrantes  hubieran jugado un papel importante en una o más de las rupturas del poliducto? 

" El Sr. Powers dijo que en un correo electrónico. "Esto probablemente habría  matado al financiamiento del BID para Camisea II."
 
Si bien no se han reportado pérdidas desde marzo de 2006, el Sr. Powers dijo a  The Times que existe una generalizada y acelerada corrosión en la sección de la  selva de las tuberías. "La única manera efectiva de lidiar con eso es remover y  reemplazar, parchar constante hasta que se deben remover y reemplazar, o  proponer un total nuevo derecho de vía y proyecto de poliducto que sustituya a 
la sección de la selva del proyecto original" dijo en un e-mail.
 
Los alegatos técnicos de E-Tech no fueron los únicos problemas en emerger:  También hubo denuncias de corrupción que el banco Comité de Supervisión de  Fraude y Corrupción recibió pero que no investigaron.
 
En el verano de 2006, dos investigadores de la OII se reunieron con el ex  ministro de Energía del Perú Carlos Herrera Descalzi. El Sr. Herrera - quien  revisó los contratos de Camisea como ministro de Energía del país bajo el  gobierno de transición durante los años 2000 y 2001 - hizo denuncias  sorprendentes.
 
En dos documentos del banco, los investigadores de la OII informaron que el Sr.  Herrera afirmó que Hunt Oil habría pagado a funcionarios peruanos para cambiar  la ley nacional de hidrocarburos, la que habría originalmente requerido que el  proyecto de Gas Natural Líquido (GNL) del Perú restrinja sus exportaciones  basándose en las necesidades de energía doméstica. Uno de los informes afirma en  español que "Herrera pidió confidencialidad en estos temas y ha entregado una gran cantidad de documentación" para respaldar sus alegaciones de que la  legislación peruana había sido cambiada a favor del consorcio liderado por Hunt 
Oil.
 
Aún así, un portavoz del BID dijo esta semana que el banco no había recibido  denuncias de fraude y corrupción relacionados con Perú LNG. Es más, en un  documento interno escrito por el Sr. Zimmerman en 2008, quien fue entonces jefe  de la OII, reportó haber tenido una conversación con un asistente en la reunión  anual del BID en 2008. El Sr. Zimmerman escribió que la persona le expresó su  preocupación por "los posibles cambios inadecuados en el marco jurídico del Perú  a favor de determinadas empresas".  
"Le dije que estaba fuera del alcance de la OII, y no hemos podido investigar  las preocupaciones" , agregó.
 
Cuando se le preguntó recientemente sobre si el BID nunca investigó las 
denuncias de corrupción del Sr. Herrera o si pasaron las denuncias a los 
funcionarios competentes, el portavoz del BID no ofreció ningún comentario.
 
Al cierre de esta edición, una fuente interna del banco dijo que los 
funcionarios oficiales del BID, después de recibir los cuestionamientos a este  informe, advirtieron al personal de no hablar con la prensa y dieron 
instrucciones a la OII para abrir una investigación sobre los contratos de 
Camisea.
 
"Teniendo en cuenta la confidencialidad del proceso de investigación según las  normas y los procedimientos del BID, la OII no puede confirmar o negar la  existencia de cualquier investigación en curso", dijo el portavoz del BID al ser  consultado sobre la denuncia.
 
 
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